Requisitos sobre responsabilidad patrimonial de administración

Te has preguntado alguna vez, qué sucede cuando la administración pública comete un error que afecta tu vida o tus bienes. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad patrimonial de la administración. Pues, es un principio que te protege a ti, como ciudadano español, asegurando que cualquier daño causado por acciones administrativas sea debidamente compensado. En nuestra entrada te explicaremos cuáles son sus características principales y los requisitos que deben cumplirse para que opere.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la administración?

Es un principio jurídico que plantea que todas las instituciones gubernamentales deben ofrecerles una compensación a los ciudadanos por los daños ocasionados, ya que están en su derecho de ser indemnizados. Así, los entes públicos debes asumir las consecuencias y reparar los daños producidos. Esta puede ser de dos tipos:

Directa: Cuando la propia administración es la que causa el daño.
Subsidiaria: Cuando el daño es causado por contratistas o terceros que están realizando una función administrativa.

Características

Dentro de las características que definen el funcionamiento de esta responsabilidad en el marco legal español se encuentran las siguientes:

Se basa en el principio de que la responsabilidad no surge por la negligencia de la administración, sino por el resultado dañoso de su actividad, independientemente de que haya habido o no una actuación incorrecta.
Busca un equilibrio entre los intereses generales y los derechos individuales.
Su propósito es compensar al ciudadano que se ha visto afectado.
Está regulada por leyes, como la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los supuestos y procedimientos para su aplicación.

Requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial

Para que puedas reclamar y exigir una indemnización, deben cumplirse una serie de requisitos esenciales. Tales como:

Existencia de un daño o perjuicio: El daño ocasionado debe ser real, efectivo y cuantificable económicamente.
Daño antijurídico: Debe ser una carga anormal que no tenga el deber jurídico de asumir.
Relación de causalidad: Tiene que existir un nexo causal directo entre la actuación de la administración y el daño sufrido. Es decir, que el perjuicio debe ser consecuencia directa de la acción u omisión de la administración.
Imputabilidad: Debe atribuirse a la administración y haber ocurrido en el ejercicio de sus competencias legales.

Estos requisitos son fundamentales para garantizar que solo se compense a aquellos que han sufrido un daño injusto debido durante la gestión de los entes públicos.

En definitiva, la responsabilidad patrimonial de la administración es un elemento esencial en el sistema legal español que protege a los ciudadanos antes los prejuicios recibidos por la acción o inacción de las entidades públicas. De este modo, se busca una administración más justa y equitativa, donde se garantiza la indemnización adecuada a aquellos que injustamente han sufrido perjuicios.